Diario El Comercio.- Una ráfaga de disparos alertó a los vecinos de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Testigos señalaron que al menos 10 personas llegaron en moto y dispararon con armas de fuego a quienes se encontraban reunidos en el portal de una casa. El hecho ocurrió el 25 de agosto de 2022.
La balacera provocó la muerte de tres personas; una falleció en el lugar de los hechos. Las otras eran menores de edad. Fueron trasladadas a un hospital, pero murieron por la gravedad de las heridas.
Cifras de muertes violentas
Las muertes violentas han sido un fenómeno constante en el Ecuador. Un informe estadístico del Ministerio del Interior muestra que en 12 años se registraron 21 598 decesos de este tipo, los que aumentaron en los últimos años.
En el 2019 se registraron 1 187 casos, en el 2020 fueron 1 372, en 2021 subieron a 2 494 y desde enero hasta el 13 de agosto de 2022 se han reportado 2 647 homicidios intencionales. Esta es la cifra más alta contabilizada desde 2010.
Guayas, Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha son las provincias más afectadas por los crímenes. Sin embargo, registros de la Policía señalan que la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) es donde se han producido más muertes violentas, en comparación con otras zonas.
En siete meses y medio se han registrado 861 crímenes en esos tres cantones. Eso representa el 32,5% de eventos similares en el país. Un informe de Inteligencia señala que el 75% de las muertes en este año en la Zona 8 está relacionado con el tráfico de drogas. Esos crímenes ocurren principalmente en las noches y fines de semana.
La escalada de violencia en este sitio “está íntimamente relacionada con el tráfico ilícito de drogas que sirve de sustento de la economía criminal de las organizaciones delictivas presentes en el país”, indicó un informe del Gobierno.
Por ejemplo, el 23 de agosto, hombres armados, que se movilizaban en un auto, arrojaron el cuerpo de una persona maniatada en medio de una calle de la cooperativa Carlos Castro, en el sur de Guayaquil. Luego, le dispararon en el piso al menos ocho veces.
La víctima tenía 42 años. Ahora, la Policía indaga si esto tiene relación con la pugna entre bandas delictivas que se pelean el control del territorio para la venta de drogas.
La escalada de la inseguridad en Guayaquil, Durán y Samborondón se triplicó en los últimos seis años. En el 2017 hubo 126 asesinatos mientras que en lo que va del 2022 ya subió a 861. Además, ese año, la violencia criminal en la Zona 8 representa el 90,7%.
Los indicadores provocaron que el Ejecutivo declare estado de excepción en esos tres cantones para que los militares apoyen a la Policía y así controlar el accionar de las bandas delictivas. El presidente Guillermo Lasso adoptó esa decisión el pasado 14 de agosto. Esa medida durará 30 días.
A los 10 días del estado de excepción, la Policía dio un primer informe de resultados. El comandante General, Fausto Salinas, dijo que se han realizado 13 777 operativos, se detuvo a 225 personas y se decomisaron 84 armas de fuego y 208 armas blancas.
Sin embargo, esas acciones aún no han frenado la violencia en las calles. El pasado 24 de agosto, una mujer de 31 años fue asesinada en el suburbio de Guayaquil. La víctima fue interceptada por desconocidos y le dispararon. Ella recibió dos impactos de bala.
Causas del nivel de violencia
Investigaciones policiales señalan que el incremento de la violencia obedece a la presencia del crimen organizado en Ecuador , vinculado al narcotráfico. Además, hay más disputas y matanzas entre bandas delictivas por la hegemonía del poder y por ganar espacios para vender alcaloides.
La Policía considera que otra causa es la afectación económica a las organizaciones narcodelictivas con los decomisos de toneladas de narcóticos. “Provocó que los cabecillas terminen con la vida de sus colaboradores, de quienes no pudieron resguardar la droga, enviarla a otros países o distribuirla sin ser detectados por la Policía”, explicó un jefe policial.
Para el penalista Gabriel Ponce, hoy existe una guerra entre bandas por el control del tráfico de drogas. El experto en seguridad Diego Pérez sostiene que son evidentes los “problemas en la capacidad de control del Estado”.
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