La Policía Judicial (PJ) y la Fiscalía admiten que la clonación de placas de vehículos para cometer diversos delitos es un fenómeno que aumenta en Ecuador, pero que no se refleja en las cifras, porque la mayoría de afectados no denuncia al saber que los implicados no serán sancionados por falta de tipificación.
Es por ello que, por ejemplo, en 2018 solo se reportaron 56 denuncias por delitos cometidos a través de clonación de placas de autos, entre ellos, suplantación de identidad, estafa e intimidación.
De este total, según la PJ, el 91% se registró en Guayaquil, seguido de Quito. Por su parte, de enero a mayo de 2019 se reportaron 19 delitos cometidos con el empleo de carros clonados; de estos, 11 correspondieron a falsificación de documentos, 6 a suplantación de identidad y 2 a estafas.
La mayoría de estos casos, en cambio, fue en las provincias de Manabí, Pichincha y en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (ver infografía).
Según la PJ, en el 53% de estos casos había alteración en los números seriales y se usaron para perpetrar ilícitos, como robo a domicilios, negocios y vehículos, estafas y tráfico de hidrocarburos.
Mientras tanto, según cifras de la Fiscalía General, las denuncias por falsificación y uso de documentos falsos en general, de enero a abril de 2019 se ubicaron en 1.111, sin determinarse cuántas de ellas corresponden al delito de clonación de automotores. Falta normativa específica que sancione la clonación de placas
Al no existir una tipificación penal específica para sancionar la clonación de placas o de documentos de vehículos, es procesado como un delito conexo y los implicados no reciben la sanción adecuada.
Por ello, la mayoría de personas afectadas prefiere no denunciar este delito que, según miembros de la PJ y de la Fiscalía consultados, aumenta, pero que las cifras no lo reflejan, están invisibilizadas, pese a ser una problemática real y preocupante.
De manera general, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en los artículos 306 y 328, establece una sanción de 5 a 7 años de privación de la libertad si la persona comete falsedad forjando en todo o en parte documentos públicos y privados.
En la Asamblea Nacional se analizan realizar cambios al marco legal. Héctor Muñoz, de la Comisión de Justicia, consideró que es el momento de abordar estos temas y para ello mantuvo reuniones con las autoridades responsables del tránsito en el país. “Creo que es justamente el momento de debatirlo y tipificar esta clase de delitos, sobre todo porque es un tema de seguridad básico para las personas”, acotó el legislador.
Los afectados se ven envueltos en procesos interminables
Son largos y engorrosos los procesos para determinar responsabilidades o liberar de todo problema al dueño de un carro que ha sido implicado en algún delito a causa de la clonación de sus placas.
Francisco Garcés, de profesión comunicador social, se enteró, por ejemplo, mediante una llamada de la Policía que su vehículo era investigado por un caso de venta de medicamentos falsificados, que involucraba a una banda internacional que se dedica a estafar bajo esa modalidad.
Esto ocurrió en 2015, pero hasta la fecha (cuatro años después) no se ha capturado el vehículo que con placas clonadas ha participado en esos ilícitos.
Por el contrario, la situación para Garcés se ha complicado. “Hasta ahora no he podido solucionar el problema, más bien se agravó porque el vehículo (con placas clonadas) volvió a aparecer en una provincia de la Costa y, además, fue vendido con mis documentos, porque no era solamente la clonación del vehículo como tal, sino también la falsificación de mis documentos originales”.
Añadió que su auto fue vendido y él ya perdió la propiedad de este. Ocurrió aquello pese a que se realizaron todos los peritajes y existen los documentos originales de fábrica. Sin embargo, “legalmente ya no es mi vehículo, el otro es el original”, lamentó.
Otro caso es el de “Hugo” (nombre protegido). Él, tuvo que lidiar con un problema similar hace cuatro años.
Su auto tenía un clon y fue vendido como si fuera el original, falsificando documentos. En su caso, el carro fue localizado y detenido para realizar las pericias correspondientes, tras lo cual se confirmó que tenía los números seriales adulterados.
La investigación inició en la provincia de Pichincha, siguió en Riobamba (Chimborazo), porque allí se localizó el carro clonado y terminó en Yaguachi (Guayas), donde se realizó el contrato de compra-venta para ser registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
“Hugo” demoró un año para legalizar su auto. Al final del trámite lo vendió para pagar al banco y las tarjetas de crédito. “Nadie se hace cargo de la deuda de uno. Gasté $ 11.000 en el juicio y (por el problema) me dio depresión y ansiedad. Me querían robar: desaparecer mi auto original para que el otro (clonado) circulara normalmente”, detalló.
El trauma y la indignación fue mayor para “Hugo” porque, incluso, denunció que un fiscal del caso le solicitó dinero para “ayudarme”. En ambos casos, los ciudadanos explicaron que los tiempos para realizar los peritajes y el papeleo son interminables y desgastantes.
“Uno entiende que tanto fiscales como policías y peritos de criminalística tienen mucho trabajo, están cargados de casos, pero no entienden y al final terminan retrasando los trámites. En mi caso, por ejemplo, por un peritaje a un documento físico, Fiscalía dio un plazo de ocho días a Criminalística para efectuarlo, pero llevo tres meses y no se lo realiza”, dijo Garcés.
Según investigadores consultados por los Medios Públicos, estos y otros casos son cometidos no solo por una red dedicada al robo de automóviles y a la adulteración de placas, sino también a la falsificación de documentos y comercialización de carros clonados. Incluso, para cometer estos delitos contarían con la ayuda y complicidad de funcionarios públicos: para legalizar la venta de carros sin levantar sospechas, pese a que saben que se trata de una estafa (ver subtema).
La clave está en el acceso a la plataforma informática
En Quito, los controles técnicos para verificar los números de motor y chasis están a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Si se registra una novedad al levantar las improntas, se lo reporta a la Policía Judicial (PJ) para iniciar las investigaciones y determinar si está adulterada la identidad del automotor.
Javier Guarderas, coordinador de Matriculación de la AMT, informó que 2017 fue el año con mayores novedades: 80 autos presentaron inconsistencias en los datos de matrícula y números seriales.
“La Agencia Metropolitana de Tránsito ha actuado de manera positiva con las autoridades de control y eso ha reducido este tipo de incidentes. Este año, 26 automotores presentaron anomalías y fueron retenidos. En relación con otros años, este índice es bajo”, indicó.
Pablo Ramírez, subdirector de la Policía Judicial, confirmó que el 90% de casos reportados por este fenómeno ha sido para estafar a compradores de buena fe. Por ello, recordó que en las ferias hay policías que ayudan a identificar anomalías en los números de chasis y motor de los vehículos que desean adquirir.
“La Policía Judicial, además de la experticia en identificar seriales de los tipos de autos, posee un escáner para identificar el VIN o número del chasis y determinar la autenticidad”, sostuvo.
Explicó que la alteración de los números de chasis o motor se realizan con cuñas sustraídas de talleres mecánicos o de concesionarios.
Sobre la duplicación de placas, dijo que hay locales dedicados a esta actividad ilegal, pero que no logran el nivel de autenticidad a las entregadas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pues cuentan con varios elementos de seguridad identificables para el usuario, como láminas refractivas y de seguridad, y un código impreso.
Esto no permite una duplicación perfecta, pero de todas maneras los carros son usados para robar en domicilios, locales comerciales y sustraerse otros vehículos. Además, los autos con números adulterados o duplicados se venden en zonas opuestas del país para que no los detecten.
La PJ ha identificado que en estos casos están vinculados personas que tienen acceso a la plataforma informática. “Estas personas le ganan al propietario del vehículo original a matricular. Entonces, al adelantarse, el auto duplicado circula legalmente por las vías del país, mientras que el original no puede matricularse”, añadió.
Consideró que se debe determinar que quienes tienen acceso a la plataforma informática sean de integridad ética y profesional, pues allí también está la clave.
Medios Públicos solicitó a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) información estadística de denuncias, de investigaciones realizadas y de funcionarios implicados en estos ilícitos, pero el Departamento de Comunicación indicó, mediante correo electrónico, que no la tienen. Culparon de esto a los mismos afectados, por no acudir a denunciar y pedir formalmente una investigación. (I)
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