Siete militares fueron procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio tras la muerte de Rogger Pincay Macías, un joven de 22 años que falleció durante un operativo militar en Crucita, provincia de Manabí, en la madrugada del 18 de mayo de 2026, último día del toque de queda decretado por el gobierno ecuatoriano en varias provincias del país.
La audiencia de formulación de cargos se realizó esta semana en la Unidad Judicial de Manta. La Fiscalía General del Estado vinculó a los uniformados luego de recopilar versiones, pericias balísticas, informes de Criminalística y otros elementos levantados tras el hecho ocurrido en el sector La Boca de Crucita. El juez de la causa dispuso medidas sustitutivas para los siete procesados: prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial, según reportó Ecuavisa.
De acuerdo con la investigación fiscal, Rogger Pincay viajaba junto a cinco amigos en un vehículo rojo cuando fueron perseguidos por personal militar que realizaba operaciones de control durante la restricción de movilidad vigente en Manabí. Según las versiones recogidas dentro del expediente, el automóvil habría acelerado tras observar la presencia de las camionetas militares.
La reconstrucción preliminar de los hechos señala que los uniformados dispararon contra el vehículo durante la persecución. Rogger Pincay recibió impactos de bala en el tórax y murió dentro del automóvil. Pericias practicadas por Criminalística determinaron que el vehículo tenía al menos seis impactos de proyectil. En la escena también se levantaron restos de municiones calibre 5.56, correspondientes a fusiles de uso militar.
Durante la audiencia, la defensa de los militares sostuvo que el operativo se desarrollaba en el contexto de una intervención de vigilancia marítima relacionada con posibles actividades de narcotráfico en la zona costera de Crucita. Según la versión presentada por uno de los oficiales, el vehículo en el que viajaba la víctima habría realizado maniobras consideradas peligrosas para el personal militar.
No obstante, el parte policial incorporado al expediente no reportó el hallazgo de armas ni sustancias ilícitas dentro del automóvil. Entre los elementos encontrados se registraron botellas de bebidas alcohólicas y objetos personales de los ocupantes del vehículo.
Los familiares de Rogger Pincay acudieron a la audiencia y pidieron que el caso continúe hasta esclarecer completamente lo sucedido. La madre del joven declaró a medios locales que la familia exige justicia y aseguró que su hijo no estaba involucrado en actividades delictivas.
La investigación también incluye grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del sector donde ocurrió el operativo. La Fiscalía solicitó además pericias de trayectoria balística, reconstrucción de los hechos y análisis de comunicaciones entre los militares que participaron en la intervención.
Según la información judicial difundida por medios ecuatorianos, la instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 30 días. Durante ese período se receptarán nuevas versiones y se incorporarán informes técnicos para determinar responsabilidades individuales dentro del operativo.
El caso ocurrió durante el último día del toque de queda que rigió en Manabí y otras provincias como parte de las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por el presidente Daniel Noboa frente al incremento de violencia criminal y hechos vinculados al narcotráfico. Las restricciones incluían limitaciones de movilidad nocturna y controles militares en carreteras, puertos y sectores costeros.
La muerte de Rogger Pincay se suma a otros procesos abiertos en Ecuador por presuntos excesos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante operativos de seguridad ejecutados en el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno en enero de 2024.
En los últimos meses también se reportaron investigaciones por muertes ocurridas en procedimientos militares en provincias como Esmeraldas, Guayas y Santa Elena. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han solicitado que estos casos sean investigados por la justicia ordinaria y con supervisión de organismos independientes.
Por su parte, las Fuerzas Armadas han señalado en diferentes ocasiones que sus operaciones se desarrollan bajo reglas de uso progresivo de la fuerza y en coordinación con otras instituciones de seguridad del Estado.
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