Con seis votos a favor, la Comisión este 19 de octubre resolvió pedir al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, remita la documentación que solicitaron los tres acusadores de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, relacionados al caso del ex asambleísta de Manabí.
La moción la presentó el asambleísta, Dennis Marín (PSC), al concluir la comparecencia de los legisladores: Roberto Gómez y Lourdes Cuesta (ex CREO), y de Amapola Naranjo (RC), quienes como acusadores se ratificaron que la acusada incumplió funciones en el paro nacional de octubre de 2019, al no mantener el orden público y paz social; el uso de bombas lacrimógenas; vulnerar los Derechos Humanos al no asegurar la vida e integridad de los ciudadanos y periodistas.
Los tres asambleístas se refirieron en la necesidad de que en el juicio político en contra de la ministra de Gobierno se incluya en tema relacionado con los hechos de corrupción que involucró al ex asambleísta Mendoza, respecto a gestión de cargos públicos, y que según los acusadores todo se resume en un “reparto de hospitales”.
La moción de Marín no recibió el apoyo de los legisladores: Bairon Valle y Esteban Melo (RC); Franco Romero (BADI); Absalón Campoverde (CREO); y, Noralma Zambrano (AP). A favor de que se remita la documentación se pronunciaron: Elio Peña y Jaime Olivo (PK-BIN); Mercedes Serrano y Denis Marín (PSC); José Serrano (AP); y, Marcelo Simbaña (CREO).
Durante la presentación de pruebas de cargo en el juicio, el asambleísta Roberto Gómez, dijo que el juicio no se trata solo de octubre de 2019, sino también del incumplimiento de funciones se extiende hasta lo que pasó luego de esa fecha. Que los manifestantes serán procesados por la justicia ordinaria; el Estado juzgado por los organismos internacionales; y, que el gobierno debe ser juzgado por la Asamblea Nacional, y la principal responsable de vulneración de derechos fue Romo.
Expuso un audio respecto a un diálogo de la Ministra Romo con una funcionaria pública del Hospital de Tulcán, en la provincia del Carchi, donde la ciudadana nombra a Andrés Romo, tío de la Ministra, y según Gómez, ese es el primer indicio que dio a conocer la prensa sobre el reparto de hospitales.
Respecto al uso de bombas lacrimógenas caducadas, aseguró que la acusada puso en riesgo la integridad de las personas, y para ello presentó el testimonio de un policía para reafirmar su prueba, así como el video de una entrevista en un medio digital donde la funcionaria afirma: “usamos bombas caducadas, porque estábamos en una emergencia y había que usar lo que estaba a mano»
En torno a las agresiones a la prensa, el asambleísta indicó que a pesar de existir el comité para la protección de periodistas creado a raíz del asesinato de los periodistas de diario El Comercio, según el interpelante, la ministra fracasó en establecer los lineamientos y directrices que garanticen la seguridad de los periodistas durante las protestas, cuya disposición está contemplada en el artículo 81 de del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.
La legisladora Lourdes Cuesta fue más concreta en su exposición ratificó lo planteado en el expediente del juicio, pero insistió que debe también sumar la falta de probidad notoria.
Lamentó que la funcionaria acusada pretenda señalar que el juicio debe remitirse a lo sucedido en octubre, pero no dice a qué octubre si en el 2018 donde no pudo evitar la fuga de Vinicio Alvarado y eludió los controles migratorios; octubre de 2019 las manifestaciones; y, octubre de 2020 surgen temas de corrupción en el Isspol y el reparto de hospitales que comenzó con el tío Andrés Romo.
Amapola Naranjo (RC), se ratificó en los argumentos de hecho y de derecho insertos en la solicitud de juicio con los hechos de octubre de octubre de 2019, dentro del contexto del paro nacional derivado por la eliminación de los subsidios de los combustibles.
Respecto al uso de bombas lacrimógenas caducadas resaltó que de forma fría fue reconocido por la propia ministra, y aseguró que encontró estudios científicos de que el uso de bombas caducadas tiene un efecto devastador en la ciudadanía, pues afirmó que puede producir efectos en la salud como lagrimeo, salivación excesiva, irritación de las mucosas y del tracto respiratorio superior, estornudos, nauseas, vómitos, dolores de cabeza, quemaduras, congestión pulmonar, convulsiones, taquicardia, paro cardio respiratorio y hasta la muerte.
Indicó que la funcionaria lejos de pedir disculpas y asumir responsabilidades sobre los abusos que se cometieron durante las manifestaciones de octubre de 2019, inventó el discurso de la conspiración para desestabilizar al gobierno.
La legisladora correísta aseguró que la acusada junto al ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, habrían desviado fondos entre $300 a $500 millones fondos del Isspol de la policía nacional; que ese desvío habría sido hacia el ministerio de Finanzas, sin saber para qué; pues obras no hay, lo que hay es deuda externa a morir y también impagos.
Nuevo juicio
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, deberá enfrentar un nuevo juicio político por incumplimiento de funciones por un supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos relacionados con el caso de corrupción que involucra a dos ex legisladores: Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.
El cuarto proceso en contra de Romo, sería oficializado este martes 20 de octubre por el asambleísta, Roberto Gómez (ex CREO), quien aseguró que posee las firmas suficientes de respaldo; y solo esperaba la firma de los legisladores de CREO, así como de algunos de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), y del Bloque de Integración Nacional (BIN). (El Universo)
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