Devuelven al Ejecutivo Ley Económica Urgente por incumplir requisitos

Con siete votos a favor, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) decidió no tramitar y devolver al Ejecutivo el proyecto de Ley económica urgente por la Defensa de la Dolarización por incumplir los requisitos para que se tramita en la Asamblea Nacional.

La decisión la tomó el organismo este 10 de febrero de 2021, dos días después de que el Presidente Lenín Moreno envió el proyecto de Ley. El CAL devolvió el texto porque no establece de forma suficiente la exposición de motivos y tampoco define con claridad los artículos que se reformarían con la nueva ley. Además, la ley Orgánica de la Función Legislativa señala que debe existir una adecuada enunciación de los articulados de un proyecto de Ley, aspecto que tampoco se ajusta a la propuesta calificada como económica urgente.

Por otra parte, el artículo 56, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala que debe existir una adecuada enunciación de los articulados de un proyecto de Ley, aspecto que tampoco se ajusta a la propuesta calificada como económica urgente. De esta forma, de acuerdo a la norma, el CAL comunicará al proponente su resolución.

La propuesta del Gobierno es una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) para, entre otras cosas, dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador (BCE). “Es para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado”, explicó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Además, propone que los cinco miembros del Directorio del BCE serían del sector privado y el Presidente Lenín Moreno será quien envíe los nombres a la Asamblea que su designación.

Sobre esta reforma, varios sectores sociales, políticos y académicos expresaron su rechazo porque, aseguran, se trataría de la privatización del Banco Central.

Al ser una normativa de carácter económico urgente, la Asamblea tenía 30 días para su tratamiento. Ahora, deberán esperar a que el Ejecutivo envíe nuevamente la normativa con las modificaciones necesarias para que el CAL la califique y remita a una Comisión para su tratamiento.

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