La denuncia había sido retirada y las autoridades los dejaron en libertad. Pero en la reapertura del caso, la Fiscalía Tercera Especializada en Violencia de Género de Durán (Guayas) pidió la detención de los tres implicados en la supuesta oferta de servicios sexuales de un menor de 20 meses de edad por medios electrónicos.
Se trata de los padres del niño y del propietario de un cyber ubicado en una ciudadela del cantón Durán, quien ofreció al progenitor USD 40 a través de conversaciones por chat a cambio del infante.
En el diálogo se compromete a «no hacerle daño». El fiscal también solicitó la localización y retención del menor “por encontrarse en alto riesgo de vulnerabilidad”. Y aplicar medidas de protección “como acto urgente”, una disposición que no se ejecutó en primera instancia.
Así consta en los informes que ha recibido la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (Aebi), grupo que presentó una nueva denuncia para que además se investigue la actuación de las autoridades por irregularidades en el procedimiento. El caso había pasado por otros dos fiscales.
El psicólogo Christian Arias, presidente de Aebi, explica que hacen seguimiento a las notificaciones de la Fiscalía y que por ahora no se conoce el paradero de los señalados. También están atentos a los avances de otra investigación, que vincula al dueño del cyber en un delito similar.
Esa denuncia fue presentada en enero pasado por la madre de un menor de 9 años, a quien el propietario del local le habría mostrado pornografía.
Según el testimonio del niño, el hombre de 21 años supuestamente le ofreció horas gratis en el lugar a cambio de abusar sexualmente de él. “Ese sería un agravante para el propietario del cyber. Y también es una alerta para los procedimientos que está llevando la Fiscalía de Durán, que no está agilitando los trámites como corresponde”, dice Arias.
El pasado viernes, la Fiscalía General del Estado remitió al Consejo de la Judicatura el expediente de control sobre el caso del niño de 20 meses.
En un comunicado informó que “existirían irregularidades en las acciones de los agentes fiscales, al no haber solicitado medidas de protección inmediatas a favor de la víctima”.
El cyber donde se originaron ambas denuncias ha sido cerrado y los rótulos de su fachada fueron retirados. Por el caso más reciente, la Fiscalía investiga el presunto delito de oferta de servicios sexuales con menores por medios electrónicos.
Según el artículo 174 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) “la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat de mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en la red o cualquier otro medio electrónico o telemático, para ofrecer servicios sexuales con menores con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”. (El Comercio)
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