El gobierno de Ecuador informó este martes que la próxima semana procederá a entregar información desclasificada referida al caso del equipo de prensa secuestrado en la frontera norte del país el 26 de marzo pasado y cuyo asesinato se confirmó el 13 de abril de este año.
“La próxima semana se hará la entrega de información desclasificada del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, a un delegado de los familiares de los periodistas, a fin de dar cumplimiento a su solicitud y al ofrecimiento del Presidente de la República, Lenín Moreno”, señala un boletín difundido por el Ministerio de Justicia.
Este fue uno de los puntos acordados al concluir la segunda reunión entre los familiares de Javier Ortega (periodista), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor), y la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado; el Viceministro del Interior, Andrés De La Vega; el Canciller (s) José Luis Jácome y el Fiscal General (e), Paúl Pérez.
El equipo del diario El Comercio había viajado a la zona limítrofe con Colombia cuando fueron capturados por grupos armados vinculados al narcotráfico que operan allí. Ellos habían viajado para reportar los episodios violentos registrados en la frontera colombo-ecuatoriana desde el 27 de enero, cuando explotó un coche bomba que causó heridas al menos a 28 personas. También el 20 de marzo la detonación de una bomba ocasionó la muerte de cuatro militares.
Según informó la cartera de Justicia, se acordó solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) integrar un grupo de expertos y definir la metodología de trabajo para que se encarguen de analizar la concerniente al caso de los periodistas secuestrados y las tareas desarrolladas desde el Estado ecuatoriano para su rescate.
Otro de los puntos tratados fue la repatriación de los cuerpos, sobre lo cual se informó oficialmente que además de la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los familiares han solicitado la intervención de terceras personas y organizaciones con experiencia en procesos de negociación humanitaria, a fin de conseguir la repatriación de los cuerpos.
Por otra parte, se conoció que la Cancillería ecuatoriana envió una misiva a la CIDH el pasado 4 de mayo donde se solicita la conformación de una comisión internacional para la investigación del secuestro y posterior asesinato de los tres ecuatorianos, a pedido de los familiares.
La Cancillería compartió en su cuenta en Twitter el documento dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y fechada en Washington D.C y firmada por la embajadora Vilma José Valencia, embajadora representante permanente del Ecuador ante la OEA.
“En este contexto, a pedido expreso de la señora Canciller, se insiste en el pedido de conformación de la comisión internacional de investigaciones con la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en coordinación con las familias de los ciudadanos ecuatorianos fallecidos”, señaló la diplomática.
Además, la embajadora Valencia expresó su confianza en que sea atendida “de manera positiva esta especial solicitud del Presidente de la República del Ecuador”, transmitida a través de la Cancillería.
Posteriormente a este hecho fueron secuestrados dos civiles ecuatorianos en la misma zona, pero hasta ahora el gobierno solo ha hecho público un vídeo con la prueba de vida de ellos, sin que se conozcan otros detalles de las circunstancias ni el estado en que permanezcan a manos de grupos irregulares, presuntamente vinculados al narcotráfico.
El gobierno de Ecuador atribuyó la situación en la frontera a los golpes propinados a la economía de estos grupos delincuenciales, con la incautación de toneladas de drogas, de precursores químicos y de miembros de estos.
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