Hirokazu Sasaki, ciudadano japonés sentenciado en Ecuador a dos años de privación de libertad por atentar contra el patrimonio genético nacional, al haber accedido sin autorización a dichos recursos, acudirá una vez al mes en la Embajada de Ecuador en Japón.
Durante ese período, deberá mantener un trabajo estable en su país de origen. Y para junio de 2020 tendrá que volver ante las autoridades judiciales ecuatorianas, con los documentos de las presentaciones periódicas y de sus actividades laborales.
Estas garantías penitenciarias fueron anunciadas por la jueza con competencia en infracciones flagrantes, Paulina Sarzosa Guerra, al final de la audiencia de suspensión condicional de la pena, instalada el 23 de mayo de 2019, en la Unidad de Flagrancia, en Quito.
Para que se suspenda la pena de privación de libertad a una persona, a cambio de las condiciones que le imponga la justicia, su requerimiento debe ajustarse a los cuatro presupuestos del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano: que la pena no exceda los cinco años; que el procesado no tenga vigente otra causa penal; que los antecedentes personales, sociales o familiares así como la gravedad de la conducta, indiquen que no es necesaria la ejecución de la pena; y, que no se trate de un delito de naturaleza sexual o violencia intrafamiliar.
En el caso del ciudadano japonés, el delito por el que fue sentenciado determina una pena menor a los cinco años de privación de libertad y no se trató de una infracción de carácter sexual.
Además, no ha tenido antecedentes o procesos penales abiertos en Ecuador o en Japón, y cuenta con certificados de honorabilidad otorgados por la universidad donde trabaja como jardinero y otro por la Embajada de Japón.
Como antecedente familiar, presentó una carta de la madre, en la que dice que “garantizará el buen comportamiento de su hijo”.
Para otorgar las garantías penitenciarias -a lo que no se opuso la fiscal del caso Alejandra Sigcha- la jueza también tomó en cuenta la participación del procesado durante la causa. Asimismo, el ciudadano extranjero canceló la multa de USD 3.940, ordenada en la sentencia condenatoria; y, la multa administrativa de USD 1.773, impuesta por el Ministerio del Ambiente.
Finalmente, cumplió con el ofrecimiento de disculpas públicas, tanto en la audiencia de procedimiento directo, como en una publicación realizada en un diario de circulación nacional, el 21 de mayo de 2019.
En el texto dice: “(…) procedo a presentar mis respectivas disculpas públicas al Ecuador por los daños causados y me comprometo a no volver a cometer los actos que fueron materia de mi juzgamiento”. Por lo que, para la jueza de la causa, se ha remediado el daño causado
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