La excoordinadora Jurídica del Ministerio de Justicia, Jéssica Jaramillo, acudió la mañana de este viernes 15 de junio del 2018 al edificio de la Fiscalía General del Estado, ubicado en las avenidas Patria y 12 de Octubre, centro-norte de Quito.
Ella llegó para rendir su versión voluntaria luego de denunciar que fue notificada por la Contraloría con una predeterminación de responsabilidad civil. Esto por “haber pagado por un producto que no existe”, con relación a la investigación del asesinato del general Jorge Gabela.
Se refiere al tercer informe que debía entregar el perito argentino Roberto Meza, quien fue contratado para determinar el móvil del crimen del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Llegó acompañada de sus familiares. Dijo que ayer, jueves 14 de junio, conversó con Meza y la viuda del oficial, Patricia Ochoa, para coordinar agendas ya que el próximo lunes 18 de junio, a las 15:00, los recibirá el doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Ella solicitará protección. «Ayer tuve un acercamiento con la Policía Nacional, pero hoy lo solicitaremos a la Fiscalía», dijo. Indicó que el tercer informe o producto hace referencia, según el contrato, al móvil y los elementos que fueron investigados por Meza.
«Si la conclusión hubiera sido esa (delincuencia común), el contrato debía cerrarse el 15 de mayo del 2013 y yo todavía no era funcionaria del Ministerio de Justicia y obviamente ahí debió haberse cerrado ese contrato», manifestó Jaramillo. Añadió que en su versión aportará con los elementos que no ha podido señalar públicamente relacionados al tercer informe. Para ella, es necesario que se implementen garantías para quienes rindan su versión en la Fiscalía.
Además, «es importante que se realice la versión del perito Meza el día martes (19 de junio). Ahí vamos a tener la semana que viene claridades sobre el tema». A la Fiscalía también llegó el abogado de Patricia Ochoa, Ramiro Román, quien confía que Jaramillo diga la verdad.
«Está claro que hay un tercer producto que siempre se manifestó, se pagó y que ahora la Contraloría está pretendiendo glosar. Aquí hay documentos que han desaparecido de lo que está constando», enfatizó el jurista. A su juicio, la desaparición de documentos es delito. «No hay delincuencia común (tras la muerte de Gabela) y a quien quieran proteger (…) tienen que, de una vez por todas, transparentar», dijo Román.
Cree que en el caso Gabela hay una «muerte de Estado». «Todo lo hicieron para callar, para omitir, para faltar a la verdad». Al preguntarle sobre la importancia del tercer producto, Román dijo que «la muerte del general es por motivos de actos laborales o de trabajo del general. Eso quiere decir que se deslindó la delincuencia común». (El Comercio)
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