Supresión de puestos, eliminación de viáticos y limitación de las contrataciones son algunos de los lineamientos del Gobirerno para reducir el gasto en el sector público.
El presidente Guillermo Lasso firmó el pasado 18 de junio de 2022 el Decreto 457 para la optimización del gasto publico. Este contiene 40 artículos sobre gastos en personal, egresos en bienes y servicios y programas de eficiencia y racionalización de la función pública. Además, cuatro disposiciones transitorias, una disposición reformatoria y una derogatoria.
Disposiciones del gasto en personal
Entre las principales disposiciones para la optimización del gasto en personal, el decreto establece que el pago de remuneración variable por eficiencia estará sujeto a estudios, validados por el Ministerio de Trabajo, donde se justifiquen sus beneficios.
También se establece que las Unidades de Gestión de Talento Humano de las instituciones del Estado crearán un registro de servidores, con el personal de las áreas de apoyo y asesoría que exceda la regulación 70/30. Es decir, un 70% para procesos generadores de valor agregado o sustantivo y 30% para procesos de apoyo o asesoría.
De esta forma, el Ministerio de Trabajo emitirá la normativa para la supresión de puestos que excedan la regulación.
Además, la cartera de Estado se podrá abstener de autorizar la contratación de personal adicional para las entidades que concedan comisiones de servicios o licencias sin remuneraciones.
Disposiciones de egresos en bienes y servicios
El decreto dispone la priorización de la contratación de personal residente en la zona donde presten sus servicios. Si el ministerio autoriza la contratación de persona no residente, no se reconocerá el pago de viáticos por gastos de residencia, a excepción de la Función Legislativa.
Asimismo, se limitan los viajes al exterior, para los cuales se deberá justificar “de manera estricta la necesidad de asistencia presencial”.
En el decreto se establecen los plazos para la implementación de los distintos lineamientos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene seis meses para emitir las guías metodológicas de aplicación del documento.
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