Mesa de la Verdad y Justicia confirma papel de la justicia en casos de persecución política

La Mesa de la Verdad y Justicia, Perseguidos Nunca Más, presentó un informe final que analizó 247 casos de persecución política ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa contra defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, caso 30-S y libertad de expresión.

Paul Jácome, presidente de la Mesa, aseguró que el informe revela la existencia de Estado autoritario, que se valió de la propaganda y del sistema de justicia para alcanzar el objetivo de disciplinar a la sociedad. Jácome asegura que los hechos que siguieron a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 revelaron el verdadero rostro autoritario del entonces presidente Correa.

El presidente de la Mesa indicó que llevarán el informe hasta las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura y solicitarán que se les tome en cuenta como parte de la veeduría ciudadana para la evaluación de jueces y fiscales, anunciada por la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado.

Según Jácome, al menos 495 jueces, conjueces y fiscales, que habrían tenido actuaciones irregulares en los casos analizados, han sido denunciados administrativamente en el CJ. De ellos, cerca de 14, entre jueces y conjueces, serían parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Por su parte, la exvocal del CJ transitorio, Angélica Porras, quien respaldó desde esa institución la construcción del informe, confirma que si existió persecución política en la década pasada y la misma fue sistemática y estructurada. Lamentó el papel que tuvo el sistema de justicia en las violaciones del debido proceso y los casos plagados de inconstitucionalidades.

Porras cree que debe existir una segunda parte de este trabajo, pues un número significativo de casos no pudieron entrar en esta primera fase por no llenar los formularios exigidos para ser parte de este análisis.

La exvocal sostiene que el nuevo CJ debe seguir con la investigación de este informe y sobre todo dar continuidad a la serie de casos con irregularidades que ya presentaron e iniciaron su proceso administrativo de análisis. Para ella es importante llegar a saber a ciencia cierta si existieron o no violaciones en los debidos procesos. (El Universo)

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