Mariana Almeida anhelaba que su padre, Ángel Alfonso Almeida Cabezas, tuviera un sepelio tan emotivo como el de su mamá, fallecida dos meses atrás, y que incluso fue homenajeada con canciones. Una paradoja de lo que ocurre con Ángel, cuyo cadáver está perdido.
El adulto mayor murió a los 85 años, en el hospital Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Sus familiares lo llevaron allí el pasado 3 de abril porque padecía una hemorragia digestiva.
“Lo ingresamos, lo metieron a reanimación y después le dijeron a mi hermana que él estaba estable y lo pasaron a una sala. Después indicaron que mi papá tenía COVID-19”, cuenta.
Desde entonces la salud de su ‘viejito’ empeoró y tuvieron que entubarlo. Finalmente, el 11 de abril, el octogenario murió, víctima del virus.
Los parientes de Ángel se enteraron de su deceso el 13 de abril. A la mañana siguiente, tramitaron el certificado de defunción y lo presentaron en la institución donde el anciano había pagado en vida un servicio fúnebre.
Al mediodía, el esposo y el hijo de Mariana fueron a reconocer el cuerpo al hospital. Ella evitó encargarse de ello, porque se le ‘partía’ el alma.
“Dijeron que compremos equipos de protección y que pasemos a reconocer y a recoger el cadáver. Se compró eso, ellos entraron (…) y el chico de la morgue les indicó que ahí estaba el cuerpo, pero mi hijo se da cuenta que no tenía el nombre”, acota la dama.
Ante la duda, abrieron la bolsa donde estaba aquel cadáver y se percataron que no era el de Ángel. Mariana pidió una explicación y le refirieron que, al parecer, “el cuerpo se fue confundido, por la rotulación”.
Ella ha intentado averiguar algo al respecto, pero dice que no le dan una información concreta. EXTRA se contactó con el departamento de Comunicación del hospital para obtener un pronunciamiento pero no hubo respuesta.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, refiere que, hasta la fecha, el colectivo ha recibido 11 denuncias de cadáveres extraviados en la ciudad.
Los casos se reportaron entre fines de marzo e inicios de abril, pero Navarrete presume que hay más situaciones de este tipo. Por ello, la institución habilitó un formulario en su página web para que las familias comuniquen tales hechos.
“Mientras no haya una información detallada y confiable del paradero del difunto, hay una violación a los derechos humanos”, comenta. (Extra)
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