Cuarenta minutos fueron sufi cientes para que la jueza Sylvia Sánchez lea una resolución, dentro de la investigación por el delito de peculado en el que está involucrado el prófugo exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, en la que decidió vincular a cinco exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación (Secom) y dos representantes de empresas proveedoras de la Secom.
Prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes e inmovilización de fondos fueron las medidas cautelares ordenadas contra Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Medios Institucionales; Galo Pacheco, exadministrador del contrato con Víctor Hugo Erique; Javier Lemos, excoordinador administrativo financiero; Vanessa Salgado, directora de Talento Humano (s); y Juan Chiriboga, exdirector financiero.
Esas mismas medidas fueron para los proveedores Carlos Bravo, hermano de Marco Antonio Bravo y gerente de Gota Azul, y Beatriz Vivanco, de Satré Comunicación Integral.
El gerente de Gota Azul llegó a la Corte Nacional de Justicia, pero no ingresó a la sala donde se dio la lectura de la resolución. Solo Lemos estuvo en el sitio de los acusados.
La lista de vinculados se completó con Pablo Yánez, exsubsecretario nacional de Comunicación. A él la jueza le definió la prohibición de salida del país, su presentación diaria ante la secretaria de la sala y la inmovilización de fondos. Él es parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de Fiscalía desde el 17 de octubre.
Sánchez aceptó todo lo solicitado por la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, e incluso nombró para sustentar su decisión cada uno de los elementos de convicción que ella entregó para formular cargos contra Carlos Bravo (12), Marco Antonio Bravo (10), Yánez (26), Lemos (8), Vivanco (12), Chiriboga (8), Pacheco (27) y Salgado (18).
La jueza calificó de impertinentes las alegaciones de Palacios respecto de que existía un reo que fugó y la alarma social que generó el hecho.
La defensa de los procesados criticó la decisión de la jueza y aseguró que no solo apelarán las medidas cautelares, sino que probarán en estos 30 días de investigación que sus clientes no han delinquido y que solamente obedecieron órdenes en una cadena de mando.
Al final de la tarde, tres de los procesados fueron detenidos, luego de entregarse a la Justicia: los hermanos Bravo y Lemos. Los dos primeros previamente difundieron videos en las redes sociales responsabilizando al gobierno del presidente Lenín Moreno de lo que ellos consideran es una persecución política.
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