El análisis de las 14 computadoras decomisadas en la Prefectura del Guayas lleva seis días. Estos equipos eran parte del Departamento de Compras y fueron incautados dentro de la investigación por posible peculado, en la adquisición de 5 000 pruebas rápidas de covid-19 y 70 000 mascarillas KN95.
Los insumos médicos fueron adquiridos el 27 de abril por USD 550 500. Así consta en el sistema de Compras Públicas. Los investigadores sospechan que en ese contrato existen sobreprecios, pues cada mascarilla fue adquirida en USD 6,71 y cada prueba, en USD 23,10. Dicen que esos precios duplican los costos del mercado.
Pero la Fiscalía también rastrea otras adjudicaciones que la Prefectura ejecutó durante la emergencia.
Según Compras Públicas, entre el 27 de marzo y el 22 de mayo pasado se firmaron 18 contrataciones por USD 5,6 millones.
El lunes 1 de junio del 2020, en su última intervención pública, el prefecto del Guayas, Carlos Morales, dijo haber enviado a la Fiscalía información concerniente a 17 adjudicaciones; una adicional fue suspendida.
Aseguró que no existió perjuicio y justificó los precios de las compras. “Todas las autoridades estuvimos expuestas a un mercado que no se podía controlar, porque este país no tiene una política estatal de fijación de precios y estábamos enmarcados en la oferta y en la demanda existentes”.
Desde la Prefectura se anunció una investigación interna de todas las adquisiciones. Por ahora, 24 funcionarios están suspendidos.
Los primeros hallazgos muestran los nombres de quiénes concretaron las compras. En la resolución GPG-PG-015-2020 se menciona, por ejemplo, a una persona que manejó la Dirección de Desarrollo Comunitario. Los documentos oficiales dicen que ella tenía la autorización para firmar todos los procesos.
Pero renunció el 22 de abril y las atribuciones recayeron en otra funcionaria.
De los 18 contratos de la Prefectura, cinco concentran las mayores inversiones. La compra más alta se firmó por USD 1,1 millones, para alcohol gel antibacterial y jabón líquido.
Los otros cuatro fueron para conseguir equipos de fumigación, kits de alimentos, test de covid-19 y mascarillas.
En los informes que la Prefectura publicó en el sistema de Compras Públicas, se ve que en ninguno se detallan las cantidades adquiridas.
Por eso, la Fiscalía también analiza a empresas con las que se firmaron acuerdos.
Los primeros indicios señalan, además, que entre los adjudicados existen personas que no guardan relación con la actividad para las que fueron contratadas.
También se indagan posibles nexos entre las empresas investigadas y el círculo familiar de Morales.
Él sostuvo que la Fiscalía deberá investigar todos los hechos. Por eso dijo haber presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial y que pidió se investigara a los dos hijos de su esposa.
El Partido Social Cristiano pidió al Prefecto que presente “las debidas explicaciones sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano o, de ser el caso, entregue a la justicia los nombres de todos los responsables. De no proceder así, que renuncie”.
Ayer, 2 de junio, la fiscal Diana Salazar habló en Guayaquil de la corrupción. Dijo que no pueden avanzar en las diligencias, pues en la Función Judicial están parados los plazos y términos de los procesos.
Entre tanto, la Contraloría General halló irregularidades y responsabilidades penales en el proceso de contratación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí. (El Comercio)
Be the first to comment