Presos vinculados con casos de Los Choneros están en la Cárcel 4 de Quito, piden reforzar la seguridad

El oficio fue remitido al mediodía del miércoles 2 de junio del 2021. En el documento, las autoridades carcelarias pidieron a la Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía que refuerce las seguridades de la Cárcel 4.

Las alertas se prendieron luego de que esta semana, jueces de Pichicha Manabí ordenaran que dos hombres vinculados con casos de Los Choneros sean recluidos en este centro, que desde el 2 de septiembre de 1994 acogía solo a expolicías políticos involucrados en causas penales.

En enero pasado ya llegó un detenido, que es investigado por el crimen de alias ‘Rasquiña’, el cabecilla de esta red delictiva señalada por narcotráfico, asesinatos y sicariatos.

Ahora, a él se suma el exagente que el martes fue detenido en Manta con una subametralladora con la que daba seguridad a tres familiares del nuevo jefe de Los Choneros.

También está el hombre detenido por el crimen del abogado Harrison Salcedo, quien defendía a alias ‘Rasquiña’.

Las autoridades carcelarias advierten que al ser órdenes judiciales deben cumplir con la disposición y recibir a los aprehendidos. Pero aseguran estar preocupados, porque la Cárcel 4 tiene mínimas seguridades. Se trata de una vivienda que fue adaptada para recibir a los reclusos.

Tiene una capacidad para 64 internos. Para ingresar es necesario pasar por dos filtros. En el primero hay policías que permiten el ingreso solo de artículos que previamente aprueba el Servicio de Rehabilitación. Revisan las cédulas y autorizan la entrada.

Al cruzar la puerta metálica aparecen guías penitenciarios que registran manualmente los nombres de los visitantes.

En ambos controles se realizan cacheos para evitar que ingresen armas de fuego, celulares, drogas o alcohol.

El Servicio de Rehabilitación confirmó que se reforzó la vigilancia interna. Tras el fallecimiento del exsecretario de Presidencia, José Agusto Briones, el número de agentes penitenciarios pasó de 16 a 20.

Ahora, la intención es evitar cualquier acto de violencia como ha ocurrido en otros centros carcelarios.

Quienes manejen los reclusorios dicen que al ser personas de alta peligrosidad incluso podrían ser trasladadas a La Roca de Guayaquil, pero no a la Cárcel 4. Sin embargo, en las órdenes firmadas por los magistrados se dice que la medida se toma para garantizar la seguridad de los detenidos.

El expolicía que custodiaba al nuevo cabecilla de Los Choneros también tenía en su poder 32 balas y dos alimentadoras. Es procesado por el delito de porte de armas de fuego, un ilícito que es sancionado hasta con cinco años de prisión (art.360 del COIP).

Con ese arsenal se movilizaba al interior de las oficinas en donde se desarrollaba la audiencia de cinco integrantes de la red delictiva. Ellos son investigados por delitos como enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos.

En este momento, en la Cárcel 4 se encuentran internos el contralor General del Estado, Pablo Celi; el exlegislador Daniel Mendoza; el defensor de Pueblo, Freddy Carrión.

También se encuentra el hermano de Agusto, Adolfo. A ellos se suma Daniel Salcedo, imputado por delincuencia organizada y además sentenciado por fraude procesal.

Al ser un centro de mínima seguridad, el lugar tampoco tiene pabellones y todos se encuentran en los dos patios que existen en el sitio.

El temor es que esos espacios serán compartidos por la persona que es indagada por el asesinato de ‘Rasquiña’ y por el que defendía con armas a los familiares del nueve cabecilla de Los Choneros.

La familia de Pablo Celi ya ha conversado sobre este tema. Su abogado Marcelo Ron señaló que existe un “temor” al “estar con personas que tienen un historial delictivo”.

Indica que por las funciones de Contralor existen personas que podrían atentar contra su vida por los informes con indicios de responsabilidad penal emitidos. Por eso presentó una revocatoria a la prisión preventiva que todavía no tiene fecha para su audiencia.

Joan Paul Egred, abogado de Salcedo, dice que Rehabilitación debe garantizar la vida de todos los procesados. (El Comercio)

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