Los señalamientos se sustentan en cifras. La investigación de la Contraloría General, que fue notificada esta semana al expresidente Rafael Correa, intenta descubrir la ubicación de 11.326 millones de dólares que desaparecieron del informe de endeudamiento público, desde 2016.
Para el contralor subrogante, Pablo Celi, es “relevante” el uso que el Gobierno anterior dio al Decreto Ejecutivo 1218. El texto, firmado por Correa el 20 de octubre de 2016, afectó al cálculo de la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto (PIB). Dicha relación permitió que el expresidente contrate más financiamiento sin rebasar los límites legales.
En un documento al que tuvo acceso EXPRESO, el contralor destaca las principales anomalías que surgieron tras dicho decreto. Esa información es parte de los insumos que recibe la veeduría ciudadana que vigilará el examen especial a la deuda pública.
En diciembre de 2016, cuenta el texto, el total de la deuda estatal ascendía a 50.556 millones de dólares. Es decir, 52,54 % del PIB de la época. El valor significa una violación al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que fija el techo de la deuda en 40 % del PIB.
¿Qué hizo el gobierno de la autodenominada revolución ciudadana? Emitió el decreto en cuestión para valorar en el cálculo solo los rubros consolidados -dejando por fuera las deudas del Gobierno con otras entidades públicas-. El cambio hizo que la relación pase del 52,54 % al 27,4 %. Es decir, una firma legalizó el endeudamiento y hasta amplió el margen para más contratación de préstamos.
Con el cambio, los boletines de deuda, que mensualmente publica la Subsecretaría de Financiamiento Público, dejaron de mostrar la deuda pública interna agregada que sumaba, en 2016, 12.457 millones de dólares. En su lugar apareció la deuda pública interna consolidada con un rubro de 1.131 millones de dólares. Se eliminaron 11.326 millones de dólares.
Correa utilizó su cuenta de Twitter para justificar su decisión. Dijo que el cambio responde a la adopción de normas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese organismo multilateral, durante la década pasada, fue cuestionado por el Gobierno.
La disminución de miles de millones llamó la atención de la Contraloría. Sus auditores preguntaron a las autoridades del Ministerio de Finanzas por la legalidad del decreto y sus sustentos técnicos y económicos. Según cuentan, no hubo una respuesta.
En la última semana de abril, la Contraloría presentará su informe sobre la deuda, las recomendaciones e incluso las responsabilidades. Correa debe justificar por qué aplicó el decreto. El Gobierno actual, en cambio, debería dejar de utilizarlo. Aún está en vigencia.
Mera considera que el examen es ‘político’
Es la contestación formal. El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, continúa al servicio del expresidente Rafael Correa. Ayer, como su procurador y patrocinador, Mera acudió a la Contraloría General del Estado para cuestionar el examen anunciado por Pablo Celi. De paso, calificó de “política” a la veeduría conformada para revisar los resultados del estudio a la deuda pública.
“Está políticamente motivado [el examen] coincide con la campaña electoral y se pretende cuestionar el manejo de la deuda y, lo que es peor, afectar el procedimiento de contratación de deuda de este Gobierno”.
Según Mera, los cuestionamientos de la Contraloría reducirán las oportunidades de crédito de la administración de Lenín Moreno. Declarar ilegal lo actuado por Correa es declarar ilegal lo que hace actualmente Moreno.
El exfuncionario presentó, además, toda la documentación jurídica que legaliza la contratación de deuda.
También contradijo al expresidente Correa porque dijo que no hay un proceso en Fiscalía en su contra. (Expreso)
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