Diez internos han muerto en las cárceles a nivel nacional durante el 2019, los dos últimos apenas tres días después de la vigencia del decreto de excepción en el sistema carcelario, por la violencia y asesinatos de las últimas semanas.
Las dos víctimas de este domingo pertenecían a una misma banda, pero peleaban por controlar un pabellón, comentó este lunes Alfredo Muñoz, director de la Penitenciaría del Litoral, cuando ingresaba al centro de rehabilitación.
Según testigos y dos videos que se hicieron virales y que fueron grabados por internos, Luis Miguel Pincay Gómez, quien presuntamente era el jefe de ese pabellón, fue asesinado con dos disparos en la cabeza por su compañero de celda, identificado como Renzo de Jesús Romero Llapa, quien tras el hecho fue atacado con palos y cuchillos por otros internos. Este último murió en el hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil, horas después.
Según el director de ese centro carcelario, no se pueden esperar resultados inmediatos ante la declaratoria de excepción. Dijo que será paulatino, aunque el decreto publicado el jueves 16 de mayo indica que la intervención duraría solo 60 días.
Él espera que ya declarada la excepción se pueda contar con más personal –unos 500 guías se unirán este año al trabajo en las cárceles a nivel nacional– y adquirir equipos tecnológicos como escáneres más eficientes y cámaras de seguridad.
Muñoz aseguró la semana pasada que en la Penitenciaría habría unas 30 cámaras, pero se necesitarían en total 350 para el control adecuado de los privados de la libertad y el ingreso de visitantes.
Ernesto Pazmiño, director nacional de Rehabilitación, dijo este lunes en una entrevista radial que ha identificado que por el momento necesitan un presupuesto de unos $ 25 millones, solo $ 4,5 millones serían para modernizar el control tecnológico de las cárceles.
Él espera que esto acabe con “ese manoseo injusto y denigrante a las mujeres en las cárceles, incluso a niñas de 12 y 14 años; es terrible ver cómo les hacen ese cacheo manual, hay ocasiones en que se las desnuda porque algún aparato sonó”, manifestó Pazmiño.
Según el director nacional, el uso de canes amaestrados dio buenos resultados en Quito para evitar que ingrese la droga, y podría replicarse a nivel nacional.
Pero advirtió que una vez que un verdadero control se realice y la droga ya no ingrese, habrá un grave problema de abstinencia en las cárceles y se requerirá la presencia activa del Ministerio de Salud. Él espera en un mes poder tener el diagnóstico
Ayer, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) convocó a una rueda de prensa en Quito para las 10:00, pero la cita fue cancelada y nadie se refirió al tema.
Separar a internos condenados y peligrosos
Si tomamos en cuenta los 650 adolescente infractores, actualmente hay en las cárceles 41 mil personas privadas de la libertad ocupando un espacio para 28 mil, que es la capacidad total del sistema penitenciario.
El director nacional de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, asegura que construir más cárceles no sería la solución y explica que estuvo en desacuerdo cuando en el gobierno anterior se construyeron las cárceles regionales.
Asegura que es antitécnico y que la reglas de las Naciones Unidad indican que en las cárceles no pueden estar más de 500 reclusos para que la rehabilitación sea personalizada. Además, indica que se debería separar a los sentenciados y a quienes están apresados por prisión preventiva.
En su criterio, se ha abusado de esta medida, enviando a la cárcel a personas por riñas domésticas, para él eso se soluciona con un acuerdo reparatorio con la víctima o con el uso de grillete electrónico.
“La OEA nos ha llamado tres veces la atención porque se abusa de la prisión preventiva y el Consejo de la Judicatura premia con puntos a los jueces que dan prisión preventiva”, dijo Pazmiño; sin embargo, hay quejas de jueces que liberan a demasiados detenidos. (El Universo)
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