En un operativo liderado por la Fiscalía del Guayas y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos, se desarticuló una presunta banda delictiva dedicada a la extorsión, que operaba desde al interior del Centro de Detención Provisional (CDP) de El Inca, en el norte de Quito.
El operativo combinado desplegó doce allanamientos en Guayaquil (centro y sur de la ciudad), Quito (interior del CDP), Cayambe (centro de la ciudad) y Buena Fe (centro del cantón), en los que se logró la detención de nueve personas, tres de las cuales están privadas de la libertad (PPL) al interior del centro carcelario de la capital.
El fiscal de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada (Fedoti), Stalin Coca Torres, indicó que la Fiscalía inició una investigación el 13 de febrero de 2019, por denuncias reservadas de la ciudadanía y de familiares de los detenidos que expresaban que venían siendo extorsionados por otros PPL.
Las sumas que exigían variaban desde los 300 hasta 1.000 dólares. A cambio prometían dar seguridad y cuidados a los reos al interior del CDP y hasta protegerlos de las agresiones que pudieran sufrir por parte de otros reos. El dinero era depositado en una cuenta de ahorros de un funcionario que laboraba en una entidad bancaria de la ciudad de Quito, que también fue detenido.
En los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo aún no cuantificado, talonarios y papeletas de depósitos de cuentas de ahorros de diferentes entidades bancarias, en las que presumiblemente se efectuaban los depósitos y documentación relacionada al hecho.
La audiencia de formulación de cargos contra los nueve detenidos, incluidos los tres PPL –que deberán enfrentar un nuevo proceso penal y que fueron trasladados hasta Guayaquil– será en la Unidad Judicial Cuartel Modelo.
Dato Jurídico
Fiscalía los procesará por el delito de asociación ilícita con fines de extorsión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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