Miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), antes reconocido como un movimiento guerrillero y ahora consolidado como una agrupación política, se manifestaron este martes 24 de julio en la plaza de Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá para exigirles a las autoridades del Gobierno actual y el próximo en ocupar la Presidencia que garanticen la seguridad de los excombatientes, informó El Espectador.
En ese sentido, la senadora de la FARC Victoria Sandino publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, grabado desde aquella protesta: «A la fecha, van más de 66 compañeros asesinados y 20 familiares. Exigimos que se implementen todas las medidas necesarias para que pare este desangre», expresó.
Bajo ese contexto, este miércoles los dirigentes involucrados en la resolución del conflicto intentan introducir la temática en el Parlamento nacional para que se establezca un mecanismo de control político en el Senado con el fin de implementar acciones concretas, según comunicó el diario ya citado.
Críticas de la ONU a la implementación de los acuerdos de paz
Así las cosas, La W Radio publicó que el jefe de la misión de Naciones Unidas en aquel país latinoamericano, Jean Arnault, presentará un informe ante el secretario general del organismo internacional alertando sobre los graves retrasos en la implementación de los acuerdos de paz firmados entre los antiguos rebeldes y el Gobierno. Según adelanta esta radio local, uno de los conflictos principales gira en torno a la ejecución del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
A su vez, Arnault critica que la cantidad de hectáreas otorgadas por el Estado hacia estos grupos que planean reinsertarse con el resto de la sociedad es muy escasa: tan solo 400. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la falta de garantías y los ataques producidos por grupos vinculados al narcotráfico, como el Clan del Golfo, hacia los izquierdistas en proceso de adaptación.
Sin embargo, el aspecto que más le interesa al representante de la ONU es la situación de los menores de edad que formaban parte del ex grupo guerrillero. En ese punto, resalta que muchos no recibieron información sobre el proceso de reincorporación, no tienen recursos para subsistir diariamente o se encuentran junto a sus familias en condiciones de pobreza extrema. Según la información de aquel portal colombiano, Arnault afirma que solo Unicef brinda apoyo a los jóvenes, que se encuentran en un estado vulnerable.
Asesinatos de líderes sociales en agenda
Por otro lado, uno de los puntos importantes de la convocatoria en la plaza de Simón Bolívar fue el llamado de atención realizado por la alta cantidad de líderes sociales asesinados en Colombia. Al respecto, el pasado 18 de julio la Defensoría del Pueblo contabilizó 326 asesinatos en esta clase de dirigentes desde el 2016.
Sobre ello, vale repasar que la ONU ya manifestó su rechazo hacia estos homicidios direccionados y en un comunicado «insta al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención».
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