El martes deberá defenderse en la Asamblea por un juicio político; tres días después lo espera una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, y el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) analizará un posible reemplazo. Para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, es una semana decisiva.
La suerte para Carrión cambió desde que el 16 de mayo fue detenido, tras un altercado en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí. Ahora es procesado por supuesto abuso sexual, en el ámbito judicial, y en la Asamblea será interpelado por supuesto incumplimiento de funciones.
El Defensor no está solo. En estos procesos lo acompaña Priscila Schettini, su pareja desde hace ocho años y con quien tiene tres hijos (uno de seis años y dos gemelos de cuatro). Ella cree que todo es producto de una “trampa” de exfuncionarios del gobierno de Lenín Moreno, a quienes él acusó de lesa humanidad por su actuación en las protestas de octubre de 2019.
“Yo tengo la convicción de que se ha demostrado con argumentos, con documentos y legalmente que no existe ningún incumplimiento de funciones. No creemos que haya los votos para ello en la Asamblea”, sostiene la mujer.
Una posible censura y destitución dependerá de 70 votos y la balanza se inclinó a favor de Carrión desde que el bloque de los 46 asambleístas del correísmo anunció que se abstendrá.
Entre los 26 de Pachakutik hay dudas, a pesar de que el proceso de interpelación lo impulsa Ricardo Vanegas, uno de sus integrantes.
Si el bloque del movimiento indígena también se abstiene habrá una mayoría de 72 votos para el archivo. Ambos grupos ya han coincidido en algunas votaciones en el Pleno.
Las bancadas empezaron a marcar sus posiciones, después de que el jueves pasado la Comisión de Fiscalización entregó el informe, aprobado con seis votos a favor y tres abstenciones (del correísmo) a favor del juicio político a Carrión.
El hecho de que el jefe de bloque de Creo, Juan Fernando Flores, y otros asambleístas que no son parte de la Comisión acudieran a la sesión donde se aprobó el informe, demostró la voluntad del oficialismo de ir hacia la censura.
En casi dos años y medio en el ejercicio del cargo, Carrión impulsó acciones como tres denuncias por supuesta violencia política contra mujeres en la pasada campaña electoral. Trabajó a favor de la despenalización del aborto en casos de violación y en su gestión, la Defensoría publicó el informe sobre supuestos delitos de lesa humanidad en las protestas de octubre 2019, con lo que ganó simpatías y reproches.
Es un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), que es magíster en estudios políticos y tiene un diplomado en derecho constitucional. Su patrimonio bordea USD 700 000, según su declaración juramentada ante la Contraloría.
Carrión fue secretario y miembro del Directorio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), catedrático universitario y ha trabajado en distintas instituciones y organismos del sector público y privado. Incluso fue asesor externo de la Comisión encargada de la situación de las personas desaparecidas, y en 2018 recibió la condecoración Manuela Cañizares, del Municipio de Quito.
Su mayor visibilidad la logró en el proceso que, el 10 de abril de 2019, terminó con su designación como Defensor del Pueblo por cinco años, después de un concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
Entonces, su candidatura fue impugnada por una denuncia de supuesta violencia doméstica, de la que Schettini se retracta, según lo dijo en la Comisión de Fiscalización.
En el Consejo de Participación, Eduardo Mendoza y Julio César Trujillo (+) votaron en contra. “No lo conocía personalmente. Todo funcionario de ese nivel debe tener probidad absoluta”, dice Mendoza.
En la web de la Función Judicial constan 18 procesos en los que aparece como demandado por distintas causas. Su abogado, Stalin Raza, dice que algunos tienen que ver por ser abogado y Defensor.
Hechos relacionados con el juicio político
22 de junio?
Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (ID) presentaron, por separado, solicitudes de juicio político por incumplimiento de funciones y falta de probidad.
10 de agosto?
La Comisión de Fiscalización y Control Político avocó conocimiento de las solicitudes y unificó las causales para este proceso contra el Defensor del Pueblo.
1 de septiembre?
La fiscal General, Diana Salazar, en una comparecencia, precisó que el proceso penal que afronta Freddy Carrión se centra en un presunto abuso sexual.
4 de septiembre?
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se defendió del proceso que afronta en Fiscalización y ofreció disculpas al país; insistió en que fue objeto de una trampa.
8 de septiembre
Con seis votos a favor y tres abstenciones (del correísmo), la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda el juicio político a Freddy Carrión. (El Comercio)
Be the first to comment